La Consejería de Presidencia y Seguridad impulsará un pacto para modernizar la justicia, mejorará el sistema de protección civil y los parques de bomberos autonómicos
Santander – 03.10.2023
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado la redacción de una ley reguladora del régimen local en la Comunidad Autónoma, que, en su opinión, era una «asignatura pendiente» en la Comunidad Autónoma, y ha avanzado sus compromisos de modernización y mejora de la justicia, junto a una docena de ámbitos en los que el Gobierno cántabro reducirá la burocracia para ahorrar tiempo y dinero a empresas y ciudadanía. justicia
Así lo ha anunciado la consejera este martes en una comparecencia ante la Comisión del Parlamento regional para informar sobre las principales líneas de actuación que seguirá su departamento en la nueva legislatura, en la que se ha mostrado dispuesta a «construir» para mantener «lo bueno de la anterior etapa y mejorarlo», así como «erradicar lo malo o lo peor», atendiendo «a lo mejor para los cántabros y Cantabria». «No nos va a faltar ni coordinación, ni gestión, ni diálogo y mucho menos trabajo», ha subrayado Urrutia ante los diputados del Parlamento.
Junto a la nueva ley autonómica de régimen local, la consejera ha apostado por medidas de apoyo a las entidades locales como «colaboradores indispensables» para el desarrollo de Cantabria, «sin importar el color político», a diferencia, ha dicho, «de lo vivido hasta ahora en la Comunidad».
Así, además del Fondo de Cooperación Local, dotado con 17,7 millones, la Consejería de Presidencia abordará la transformación digital de las entidades locales, a través de un plan específico, y se iniciarán los trabajos para una ley frente al despoblamiento.
Uno de los principales esfuerzos en la nueva legislatura de la Consejería, dirigida por Isabel Urrutia, será responder a un «clamor» de la sociedad cántabra y eliminar los trámites innecesarios en los procedimientos administrativos y convertir a la administración electrónica «en una verdadera herramienta de agilidad y reducción de trámites», y «no una pared contra la que luchar».
En este objetivo, ha desgranado más de una docena de materias y ámbitos de actuación en los que se simplificará la burocracia existente en la relación entre empresas-ciudadanía con el Gobierno cántabro, algunas ya plenamente implantadas, como la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa.
En concreto, Urrutia ha avanzado que su departamento analiza y revisa ya la normativa de procedimientos que afectan a las autorizaciones de espectáculos públicos, planes de autoprotección, subvenciones y contratación pública y de personal. Entre otras cuestiones, se suprimirá la burocracia que dificulte la concurrencia de licitadores, se centralizarán contratos de servicios o suministros, se eliminará la presencia de altos cargos en la mesa de contratación y la posibilidad legal de que exista una mesa de contratación en cada consejería, salvo en educación.
Los procesos que favorecen la transparencia serán también más eficientes, al crear en cada consejería una unidad, y se llevará al Parlamento un proyecto de ley que fomente la participación ciudadana.
Mejoras en el Sistema de protección civil
La consejera de Presidencia y Seguridad también se ha propuesto reforzar la colaboración ante riesgos y amenazas que provocan cada vez catástrofes más complejas que requieren respuestas coordinadas. Para ello se aprobará una nueva regulación del Sistema autonómico de Protección Civil, adaptado «a las nuevas necesidades», con el objetivo de mejorar las acciones operativas conjuntas e incluir planes de actuación ante pandemias y emergencias sanitarias.
En el ámbito de planificación, también se actualizará el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), el de incendios forestales (INFOCANT) y el Mapa de Riesgos de la Comunidad Autónoma, que incluirá los últimos estudios sobre riesgos de accidente aéreo y contaminación marítima.
El Gobierno cántabro también procederá en esta legislatura a desarrollar la Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Cantabria (SEPEIS) y revisará el modelo actual de comunicaciones utilizado entre los servicios de emergencia autonómicos y que actualmente, según ha dicho, no funciona.
En el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), organismo público que gestiona la Sala del 112 y los seis parques de bomberos autonómicos, se elaborará una nueva oferta de empleo público para mejorar su servicio y se impulsará un convenio colectivo para el personal integrado.
Habrá un plan de inversiones para la mejora de medios de los seis parques de bomberos y se potenciará el empleo del helicóptero autonómico con dos nuevas helisuperficies en Valderredible y Tresviso. La consejera de Seguridad también ha avanzado un plan específico de simulacros de evacuación en los colegios.
En materia de policía local, ha avanzado la revisión de la Ley autonómica de Coordinación de Policía Local y la elaboración de un plan de trabajo conjunto que fije las prioridades y necesidades de estos cuerpos de seguridad.
Pacto para la justicia en Cantabria
Tras el tiempo de pandemia y las huelgas que han afectado a la justicia en España, la consejera de Justicia se ha comprometido a solucionar los problemas pendientes de la pasada legislatura, que han supuesto un importante retroceso en este servicio público.
Así, el pacto para la justicia en Cantabria, con todos los colectivos implicados, buscará, en palabras de Urrutia, dar respuesta a «todas» las necesidades de la Administración judicial cántabra, modernizarla, y que cuente con mejores medios y sedes para responder con mayor agilidad.
Además, cuando quede aprobada la reforma nacional, pendiente en el Congreso, el Gobierno autonómico aprobará la nueva Oficina fiscal, «la más urgente», y, a lo largo de la legislatura, la oficina judicial.
La consejera de Justicia se ha referido en su intervención a los problemas de espacio de los órganos judiciales, sobre todo en Santander y Laredo, y, en este sentido, ha lamentado que el anterior Ejecutivo no hiciera actuación alguna para ubicar el juzgado de instancia número 13 en la capital, el último creado en la Comunidad Autónoma, ni tampoco para la instalación de la sala Gesell. Frente a ello, «tenemos encauzada» la solución para la instalación «urgente» de una de estas salas en Santander para el primer trimestre del próximo año, así como la posibilidad de instalar una segunda en Torrelavega, ha informado Urrutia.
Igualmente, el Gobierno cántabro está trabajando en una nueva sede para los nuevos órganos jurisdiccionales y para el instituto de medicina legal. «Las condiciones actuales de la sala de autopsias son inaceptables», ha opinado.
Ampliar la mediación intrajudicial a otros partidos judiciales, un nuevo decreto de justicia gratuita y la digitalización integral de la justicia y de los registros civiles son otros hitos a los que aspira la Consejería en esta legislatura, ha informado la consejera, quien se ha comprometido, además, a aprovechar los fondos europeos y a «conseguir el máximo de inversión» para justicia. En esta materia, ha precisado que Cantabria ha corrido el riesgo de perder 4,5 millones de euros de fondos europeos por la falta de diligencia en su gestión.
Urrutia ha anunciado que la Comunidad contará con un nuevo programa en los presupuestos destinado a la dignificación de las víctimas y de concienciación social contra la lacra terrorista.
Plan de empleo público
En materia de personal, Isabel Urrutia se ha comprometido a impulsar un plan de empleo público para adaptar la Administración a las nuevas necesidades, mediante la reorganización de los recursos humanos, un análisis del dimensionamiento de las plantillas y del sistema de provisión y carrera.
Igualmente, ha mostrado su compromiso «firme» para que Cantabria cuente con una nueva ley de función pública; un plan de igualdad que aplique el protocolo frente al acoso; un modelo «real» de carrera profesional para los empleados públicos, y medidas de mejora en los procesos selectivos para un acceso a la función pública adecuado a la realidad actual, «más ágil y eficaz», incluyendo una «profunda» revisión de temarios.
Urrutia ha informado que, antes de que finalice el año, y durante los próximos ejercicios habrá ofertas públicas de empleo con carácter anual, «y con el máximo de la tasa de reposición autorizada» por la ley, y se convocarán regularmente los procesos de selección de personal, incluida la promoción interna. «Nuestro objetivo es que la temporalidad en el empleo público esté por debajo de 4 por ciento al finalizar esta legislatura», ha señalado.
Por último, en materia de acción exterior, el Gobierno desarrollará un plan de retorno para los cántabros y la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ejercerá la representación de la Comunidad ante las instituciones europeas para defender los intereses regionales, contando con el apoyo de la Oficina del Gobierno en Bruselas.