La consejera de Justicia participa en la Conferencia Sectorial y defiende servicios comunes y oficinas que doten de “mayor flexibilidad” y “proximidad” al modelo judicial
Santander – 23.06.2022
Cantabria se ha mostrado favorable a la nueva organización judicial que se ha abordado hoy durante la Conferencia Sectorial de Justicia, un modelo que promueve la eficiencia operativa del servicio público a través de la plena implantación de la oficina judicial, la creación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios.
Así lo han trasladado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y el director general de Justicia, Pablo Ortiz, durante la Conferencia Sectorial de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias, presidida por la ministra del ramo, Pilar Llop, y en la que también se ha abordado el régimen de teletrabajo y la gestión de los fondos europeos.
Tras finalizar esta reunión, la consejera de Justicia de Cantabria ha opinado que este régimen unificado de juzgados dotará de “mayor flexibilidad” al servicio público, con unidades de tramitación procesal que ofrecen servicios transversales a todos los órganos de un determinado partido judicial.
Según ha explicado, este modelo variará dependiendo del volumen de los juzgados de cada partido judicial con tres posibilidades: una unidad de tramitación procesal en los más pequeños; en aquellos de volumen medio, se añadirá un servicio general con labores de decanato y gestión general, y un tercer nivel en los partidos judiciales más grandes con tres servicios: unidad de tramitación procesal, servicio común general servicio para las labores de ejecución.
Fernández Viaña ha indicado que este modelo, que será el mismo para todo el territorio nacional, es un primer paso, dado que “queda trabajo por hacer” en relación a su concreción en el ámbito autonómico, elaboración de las relaciones de puestos de trabajo y el diseño adecuado a cada partido judicial.
Asimismo, se ha referido a la “estructura novedosa” con las nuevas oficinas de justicia municipales, que ofrecerán servicios de comunicación y asistencia en proximidad a los vecinos y evitará los desplazamientos a los juzgados que se encuentran en cada cabecera de comarca.
De cualquier forma, Cantabria, a través de su director general de Justicia, ha trasladado al Ministerio de Justicia la necesidad de que la ley nacional concrete los pasos y procedimientos necesarios para la posterior implantación de los tribuales de instancia.
Fondos europeos para la trasformación digital
Por otro lado, se ha abordado la ejecución de los fondos europeos Next Generation destinados a la transformación digital de la justicia, tanto para facilitar la comunicación por medios electrónicos como para la implantación del expediente judicial electrónico.
En este punto, Cantabria ya tiene adjudicado el contrato para el despliegue del sistema de las grabaciones de juicios y otras actuaciones procesales, unos archivos digitales que quedarán integrados en el expediente judicial electrónico correspondiente, lo que permitirá poder acceder a estos registros sin tener que acudir a los juzgados.
En total, la Comunidad dispondrá de 7,2 millones de euros provenientes de estos fondos que irán destinados hasta 2023 a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia.
Sin embargo, la consejera de Justicia ha abogado por aunar esfuerzos para establecer una interoperabilidad plena entre los juzgados de todo el territorio nacional, un proyecto en el que Cantabria liderará a las comunidades autónomas que comparten el sistema de gestión procesal (con las autonomías de País Vasco, Aragón y Navarra), y que facilitarán la interoperabilidad entre los juzgados españoles.
Por último, Cantabria ha pedido al Ministerio adaptar la resolución nacional sobre teletrabajo a la situación de pospandemia. “Pedimos una nueva propuesta de reglamentación uniforme y homogénea sobre el régimen de teletrabajo que asegure una respuesta ágil y eficaz a la ciudadanía”, ha concluido la consejera de Justicia.